El excalde ciezano está acusado de prevaricación y falsedad documental en el caso ‘Benís’ y la Fiscalía solicita tres años y medio de prisión, mientras que la acusación particular, representada por Izquierda Unida, pide cinco años y medio. En el juicio de conformidad celebrado esta mañana no se llegó a ningún acuerdo
Javier Gómez
Antonio Tamayo, que fuera regidor de Cieza durante 12 años, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados once años después de que se iniciara el caso ‘Benís’. Estará acompañado en el mismo por Bartolomé Buendía, secretario del Ayuntamiento; Renan Teresa, promotor; y Juan Buitrago, arquitecto municipal. Para el resto de acusados la Fiscalía solicita 5 años de prisión, multa de 13.500 euros y 6 años de inhabilitación para cargo público para el secretario; 2 años y multa de 45.000 euros para el promotor; y tres años y 3 meses, multa de 9.000 euros y cuatro años de suspensión de empleo para el arquitecto. Asimismo, para el excalde se solicita 3 años y 6 meses de prisión, multa de 11.250 euros y 5 años de inhabilitación para cargo público.
En el juicio de conformidad, celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial, las partes no han llegado a ningún acuerdo. El objeto del juicio consistía en que las partes implicadas, tanto los acusados como la Fiscalía y la acusación particular de Izquierda Unida, tuvieran la oportunidad de establecer y aceptar alguna condena, normalmente rebajándola. Pero no ha sido así y los acusados deberán pasar por el banquillo e ir a juicio.
Los hechos por los que van a ser juzgados el excalde, el secretario, el promotor y el arquitecto municipal se remontan a 2006, encuadrados en la aprobación del convenio urbanístico por el que se preveía la construcción de un complejo residencial y campo de golf en la paraje de Benís. Se les acusa de falsedad documental y prevaricación por la inclusión inicial en el mismo de unos terrenos pertenecientes a la hermana de la entonces concejala de Urbanismo Concepción Marín-Blázquez, que es nuera del excalde y esposa de Fernando Tamayo, actual presidente del Partido Popular de Cieza.
Según la acusación particular y la Fiscalía en el convenio urbanístico aparecía un plano donde constaban los terrenos mencionados pero, ante el requerimiento de la oposición municipal y después de numerosas trabas para facilitarlo, dicho plano fue cambiado por otro en el que ya no constaban los terrenos. «Todo ello con el ánimo de ocultar el escándalo público de corrupción urbanística que se cernía sobre el Partido Popular», manifiestan fuentes de Izquierda Unida.
Sin embargo, fuentes de la defensa de los acusados manifiestan que los mismos quieren que se celebre un juicio, que se ha dilatado en el tiempo, «porque en ningún momento no hemos planteado pactar ya que sería reconocer un delito que no se ha cometido. No se ha producido perjuicio ni de interés público ni privado. Estamos absolutamente convencidos de su inocencia y nos resulta, cuando menos, curioso que recientemente el antiguo fiscal jefe diera una conferencia en el Club Atalaya, pues Izquierda Unida es la acusación particular. Todo es producto de la animadversión política hacia los acusados».
Por su parte, fuentes de IU Cieza declaran que «consideramos que los acusados serán condenados. Esto es consecuencia de ‘los años del ladrillo, donde todo valía. Intentamos buscar una solución política pero nos hemos visto obligados a ir a los tribunales porque el PP quiso ‘matar al mensajero’, a quien denunció».
Finalmente, fuentes oficiosas consideran que el juicio se celebrará a finales de este año o principios del próximo y se podrá dilucidar, por tanto, la existencia o no de responsabilidad por parte del excalde ciezano y del resto de encausados.
