C’s: “Teodoro García no da la cara por los agricultores de la Región”

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Óscar Verdejo considera que la postura de los diputados del PP murciano, que decidieron no asistir a la comisión parlamentaria donde se debatía “una propuesta fundamental para la supervivencia del sector agrícola, pone por delante los intereses partidistas a los de los agricultores de la Región”

Crónicas de Siyâsa/Ciudadanos

Ciudadanos ha denunciado la “hipocresía” de los diputados nacionales del PP que representan a Murcia,” que unieron fuerzas con Podemos, para tumbar la enmienda naranja a la Ley de Sequía que pretendía eximir del pago de los costes fijos del Trasvase Tajo-Segura a los regantes en tanto no reciban agua”. En el caso del diputado ciezano, Teodoro García, que decidió no asistir a la comisión donde se debatía esta enmienda, el portavoz de Ciudadanos Cieza considera “una hipocresía que ha quedado al descubierto: el hecho de que aquí prometan agua y soluciones, y apenas salgan de la Región, los diputados del PP de Murcia den la espanatada por respuesta y decidan no acudir al auxilio de nuestros agricultores en dicha comisión, dice mucho se su compromiso con el sector”.

En este sentido, Verdejo ha señalado que ”una vez más, las promesas que hace en la Región de Murcia, se olvidan cuando llegan a Madrid. A nuestros agricultores les vende el ‘agua para todos’, y en Madrid se unen con los del ‘agua para nadie’ en contra de los regantes de nuestra comarca”.

Ciudadanos defendió ayer la enmienda al Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, que en su artículo 2 pedía que los usuarios de los recursos procedentes del acueducto Tajo-Segura dedicados al regadío quedaran exentos de pagar las aportaciones relativas al coste de las obras a partir de la entrada en vigor del denominado Nivel 4 contenido en las Reglas de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. El texto de Cs rechazado añadía que sería el Estado el que abonaría esta cantidad a las autonomías cedentes, principalmente Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, que “no se verían así perjudicadas”.

 

 

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