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María Cano, portavoz de la Asamblea Ciudadana contra la Fractura Hidráulica de Cieza, dibujó en la audiencia pública la radiografía de una amenaza real que se cierne sobre el término municipal
Crónicas de Siyâsa/cieza.es
Después de unas semanas de intenso trabajo, los vecinos reunidos en el Club Atalaya Ateneo de la Villa el pasado mes de diciembre, Asamblea Ciudadana contra la Fractura Hidráulica de Cieza, como ya se les conoce, vieron este viernes hecho realidad la audiencia pública solicitada al Ayuntamiento de Cieza para abordar el proyecto de prospección sísmica 2D en el permiso de investigación de hidrocarburos ‘Leo’ (Murcia-Albacete) cuya ejecución afecta mayoritariamente al término municipal ciezano.
El principal objetivo de esta comparecencia pública, la primera de la legislatura que se celebra gracias al Reglamento de Participación Ciudadana, ha sido el de obtener toda la información de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Cieza con relación al mencionado proyecto, con el fin de «frenar una amenaza de gravísimas consecuencias medioambientales y sociales que preocupa a la opinión pública»,afirman.
En este primer paso se han establecido una serie de acciones que fueron abordadas anoche en la Casa de las Artes y la Música por el alcalde de Cieza, Pascual Lucas; los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco Saorín y Antonio Moya, respectivamente, y la portavoz de este grupo de vecinos contrario a la fractura hidráulica (fracking), María Cano, y que contó con la intervenciones de los portavoces de los grupos municipales presentes en el acto.
María Cano urge al Ayuntamiento a liderar el movimiento anti-fracking
«La prioridad debe ser ahora el liderazgo del Ayuntamiento ante el fracking», urgió durante su intervención la portavoz de la plataforma, en la que también lamentó la falta de determinación de los políticos y las administraciones para afrontar la situación. «La acción política sigue brillando por su ausencia, y esa pasividad es la que nos ha movido a tomar cartas en el asunto», criticó Cano, quien cree que la respuesta de estos «no se está correspondiendo con la gravedad del problema».
También puso el acento en que hay que actuar por principio de precaución ante una actividad que puede acarrear graves problemas de salud en las zonas donde se aplica, ya que se basa en la extracción de hidrocarburos -con un gran consumo de agua mezclada con elementos químicos- que puede ser muy contaminante para acuíferos y la salud de los vecinos. Cano dio hasta seis motivos para oponerse a un permiso de prospección que, en su opinión, «se concedió a espaldas de la ciudadanía».
En esta línea, el portavoz del grupo municipal mixto, José Luis Vergara, alertó del gran riesgo de contaminación en el sinclinal de Calasparra que supone el controvertido método extractivo, así como la polución que produce para el terreno, a lo que se unen riesgos sísmicos. Por ello, Vergara suscribió la mayoría de las manifestaciones expuestas por María Cano y subrayó que «se ha registrado un salto cualitativo en la oposición neta del Ayuntamiento a esta práctica».
Al respecto, Pilar Martínez, de Podemos, defendió la necesidad de proteger tanto el medio ambiente como los cultivos de frutales ante «prácticas tan agresivas» y recordó que su formación política es contraria a esta técnica desde el minuto cero «dado que es una técnica de riesgo de la que se desconocen sus consecuencias». También indicó que miembros del Área de Formación del Círculo de Podemos están colaborando activamente con la plataforma ciudadana.
El portavoz municipal de IU-Verdes y concejal de Urbanismo, Francisco Saorín, fue el siguiente en tomar la palabra para poner de manifiesto que la fractura hidráulica «se para a nivel de leyes desde el Gobierno central, a través del BOE, y lo puede hacer de un plumazo». De hecho, Saorín avisó de que el Gobierno de la Nación ha sido instado a que legisle en contra de esta técnica. Así, y según el edil, «no deberíamos estar organizándonos los ciudadanos, que es en lo que estamos».
El responsable de Urbanismo consideró además que el mismo Partido Popular «se muestra en contra del fracking en municipios y autonomías y, en cambio, no lo hace el Gobierno central. Esto conlleva al ciudadano a una indefensión de pararlo con los papeles. Por ello, es un acierto que la gente se organice», zanjó Saorín, quien definió a la fractura hidráulica como «un dolor y una enfermedad para este pueblo».
Para el portavoz del grupo municipal socialista y concejal de Medio Ambiente, Antonio Moya, la posición de su formación «no puede ser otra que el rechazo total a esta técnica. Es una prioridad y así está recogida en el programa electoral del Partido Socialista». Recordó que el Pleno del Ayuntamiento de Cieza se reafirmó el pasado 21 de diciembre su posición contra el fracking con una declaración institucional que expresaba la voluntad de declarar su territorio libre de esta actividad.
Moya se refirió también a la propuesta de la Asamblea Regional en la que se votaba una iniciativa para declarar a la Región de Murcia territorio libre de fracking, lo que a su juicio, «supuso un impulso muy importante en la lucha contra el uso de la fractura hidráulica en nuestra región». Sin embargo, la citada declaración no tendrá el mismo valor jurídico hasta que no haya normas o actos administrativos que materialicen su contenido.
Así, el portavoz del grupo municipal popular, Enrique Fernández, acompañado por la concejala Ana Belén Corredor, felicitó la iniciativa llevada a cabo por este movimiento vecinal y dijo compartir la «preocupación» por una técnica sobre la que no se sabe el riesgo exacto. En palabras suyas, «poco más puedo añadir a lo que se ha dicho ya, salvo remarcar que el Partido Popular ha apoyado todas las iniciativas planteadas en contra del fracking en nuestro término municipal».
A continuación, hubo un turno de preguntas y varios asistentes se mostraron preocupados por las próximas prospecciones y exigieron que se haga lo que sea necesario para paralizarlas. Entre el público, con presencia de muchos jóvenes, estaban las concejalas de Participación Ciudadana y Bienestar Social, Nerea Martínez y Cristina García-Vaso, respectivamente. Uno de los intervinientes, José Antonio Herrera, de Ecologistas en Acción, no se anduvo con rodeos: «Oímos muchas palabras de apoyo, y eso está bien, pero hacen falta hechos».
En este sentido, Herrera dijo que las competencias en esta materia «son de Madrid. Eso ya lo sabemos, pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden hacer cosas. No pueden prohibir el fracking, pero sí pueden disponer de herramientas que dificulten y retrasen su desarrollo. Así lo han hecho en Castilla La Mancha, donde se está tramitando una ley para frenarlo. Podríamos asistir a la paradoja de que dentro del mismo permiso ‘Leo’, que afecta a Cieza y Hellín, se perforaría aquí, y no allí».
Saorín: «No podemos prohibir, pero sí entorpecer y poner trabas»
En un segundo turno de intervenciones, el concejal de Urbanismo aseguró que estas iniciativas ciudadanas «aceleran el motor de la Corporación municipal. Hay que ajustar motores y acelerar». Sugirió que todas las concejalías deberían trabajar con la «misma intensidad» porque, en su opinión, «todos tenemos algo que decir. Esa es la actitud». E insistió en pedir mayor celeridad en el rechazo a la fractura hidráulica. «Hay que imprimir un proceso de aceleración».
Del mismo modo, hizo hincapié en que «no se ha registrado licencia o permiso alguno en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cieza, y dudo que lo haya, porque viene de arriba». Asimismo, el primer teniente de alcalde admitió que «cabe la modificación parcial del Plan general, aun a sabiendas que la última palabra la tiene la Comunidad Autónoma».
También hizo un llamamiento a la reflexión a todos en general para «concienciarse ante las gravísimas consecuencias ambientales y sociales de esta técnica de extracción» y pidió al pueblo que «haga bandera contra el fracking». Saorín también recalcó que se deben buscar métodos y herramientas para «entorpecer» las prospecciones previstas. «No podemos prohibir, pero sí poner trabas. Esto no puede quedar en una mera declaración de intenciones», sentenció.
Convocatoria inminente del Consejo Local de Medio Ambiente
Pronto tendrá ocasión Moya de hacer extensivas a todos los miembros del Consejo Local de Medio Ambiente las cuestiones que ayer se abordaron en la audiencia pública frente a un nutrido grupo de vecinos, representantes municipales de grupos políticos y ecologistas. El próximo día 20 de febrero el concejal de Medio Ambiente buscará una fecha y sentará en el misma mesa a la comisión del Consejo Local Agrario. El fin es incorporar a agricultores y cooperativistas.
«Ha sido una audiencia muy positiva y todo lo que se ha hablado aquí irá al consejo. Quiero trazar esa hoja de ruta», declaró el titular de Medio Ambiente. Su intención es presentar un calendario concreto de cumplimiento de acciones a seguir porque, en su opinión, «el objetivo es sumar. Mi compromiso es desarrollar una campaña informativa dirigida a la ciudadanía con el fin de sensibilizar a la población».
Por su parte, el regidor Pascual Lucas anunció un frente político común con los alcaldes de la zona cuyos municipios están amenazados por el fracking con el fin de unificar criterios para actuar de forma coordinada. También apoyó la iniciativa planteada por el concejal de Medio Ambiente relativa a la campaña informativa enfocada a la ciudadanía que se realizará próximamente.