Su portavoz de Economía en Cieza, Andrés Villa, exige un mayor impulso con los compromisos adquiridos en dicha firma
Crónicas de Siyâsa/Izquierda Unida
En un comunicado de prensa, el portavoz de Economía de IU-Verdes de Cieza, Andrés Villa, ha recordado que «el 38´8% de la población de la región de Murcia está en riesgo de pobreza o de exclusión social, (según datos del 6º Informe sobre el Estado de la Pobreza 2016), diez puntos por encima de la media nacional y que la brecha sigue agrandándose, ya que en 2013 este mismo indicador era del 34’1% para nuestra región, 6’ 8 puntos sobre la media nacional«.
La formación de izquierdas denuncia que aunque se ha desbloqueado la ley de renta básica con la aprobación del desarrollo reglamentario, ésta sigue siendo de las más bajas del estado y continúa dejando fuera de su ámbito de aplicación a numerosas personas y sigue pendiente la elaboración de una nueva ley de Garantía de Ingresos. Igualmente, «sigue sin destinarse, al menos, el 5% del presupuesto regional a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y las medidas de lucha contra la pobreza infantil siguen siendo insuficientes por la persistencia de recortes presupuestarios, como en el caso de las becas de comedor o para libros y material escolar o en la disponibilidad de plazas públicas de 0 a 3 años gratuitas para familias en situación de pobreza.
IU-Verdes quiere poner sobre todo el acento «en la insuficiencia de medidas de apoyo a la inserción laboral y mejora de las concisiones laborales de los trabajadores de la región de Murcia, donde siguen persistiendo los sueldos medios de los más bajos de España y de las condiciones de temporalidad y precariedad más altas del país».
Asimismo, IU-Verdes exige al gobierno regional la puesta en marcha de planes de Trabajo Garantizado ligados al sector público, «como forma eficaz de combatir las situaciones de pobreza y exclusión social y de mejorar las condiciones laborales del mercado de trabajo en general».
Finalmente, los ecosocialistas exigen al gobierno regional que «cumpla la ley de vivienda de la Región de Murcia, en la parte importante que no ha sido recurrida ante el Constitucional, que prevé acciones contra la pobreza energética y el acceso a la vivienda, y que desarrolle el correspondiente reglamento de forma inmediata».
