IU-Verdes pide una reforma en profundidad del sistema eléctrico que verdaderamente abarate el recibo de la luz de manera permanente

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Su portavoz en economía advierte al Gobierno del “muy limitado efecto” de suprimir el impuesto de generación eléctrica porque “no logrará reducir de forma significativa el abusivo recibo de la luz”, por lo que es necesaria una reforma “en profundidad” del sistema tarifario de la luz y que se valore la opción de nacionalizar las empresas eléctricas “ante el nivel de pobreza energética, que impide a muchas personas pagar el recibo”

Crónicas de Siyâsa/Izquierda Unida

Andrés Villa manifiesta que “la supresión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del impuesto de generación eléctrica, instaurado por sus antecesores del PP y que grava con un 7% la producción, no conseguirá el efecto deseado de reducir de manera significativa el abusivo recibo de la luz”. Villa argumenta que “dado que este impuesto sólo afecta a una parte del recibo (término de consumo) y a una parte de los usuarios (los que se acogen a la tarifa regulada, el llamado PVPC), el efecto será muy limitado, lo que no se corresponde con el triunfalismo y las expectativas con que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó la medida”.

Aclara también que “incluso para aquellas personas que se puedan beneficiar de la reducción, el importe medio estimado de esta rondará los 1,5 euros al mes y siempre en aquellos meses de precios más elevados, por lo que puede ser incluso inferior en las épocas con un precio más reducido dado el mayor peso de las energías renovables”.

Por tanto, desde IU, “defendemos la energía y el acceso a ella como un bien básico y un sector estratégico para el desarrollo humano, además de imprescindible para la competitividad de las empresas. La transición hacia un nuevo modelo energético debería basarse en un sistema de producción sostenible, basado en renovables, para conseguir que la dinámica económica y social evolucione en armonía con la dinámica medioambiental. Asimismo, urge reestructurar el sistema tarifario y los métodos de determinación de precios para evitar que los altos precios que paga el consumidor, financien los beneficios multimillonarios de las eléctricas”.

Finaliza Villa mostrando su convencimiento de que “el sector energético debe ser un sector público prioritario que garantice su distribución y acceso equitativo. Empresas que fueron privatizadas antaño PSOE y por PP deben volver al sector público para garantizar así este servicio esencial, siempre bajo el principio del bien común y no bajo premisas de maximización de beneficios para sus accionistas”.

 

 

 

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