Jóvenes de IU-Cieza rechaza “la defensa de la ‘cadena perpetua’ que hace el PP ciezano”

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Su portavoz en Cieza, Juanjo Montiel, recuerda que la pena permanente revisable, eufemismo de cadena perpetua, reintroducida por el PP en la reforma del Código Penal que se realizó en el año 2015, es rechazada hoy por todos los grupos políticos

Crónicas de Siyâsa/Izquierda Unida

El 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los grupos parlamentarios y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, una proposición no de ley para la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Ahora, el PP ciezano, “huérfano de iniciativas locales que es lo que le compete, pretende que el pleno del Ayuntamiento debata este asunto de exclusiva competencia del parlamento nacional y que está tramitando éste”, alegan fuentes ecosocialistas.

En un comunicado de prensa, el portavoz de Jóvenes de IU-Verdes de Cieza, Juanjo Montiel, ha rechazado la moción anunciada por el grupo popular en el Ayuntamiento de Cieza defendiendo la figura de ‘prisión permanente revisable’, recordando que “la pena permanente revisable, eufemismo de cadena perpetua, fue reintroducida por el PP en la reforma del Código Penal que se realizó en el año 2015. Esta pena fue abolida durante la dictadura del general Primo de Rivera en 1928 y excluida de todas las modificaciones legislativas posteriores. Es decir, esta figura penal que el partido de Rajoy pretende mantener con la oposición de todos los grupos políticos y que quiere que apoye el pleno municipal, nos retrotrae a una situación de hace casi un siglo“.

Montiel sostiene que la pena permanente revisable, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución ya que el artículo 25.2 de la C.E. establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

Asimismo, “la pena que introdujo la reforma del Partido Popular es contraria al principio de humanización de las penas, recogido en el artículo 15 de la Constitución, que proscribe la imposición de sanciones inútiles que tengan solo un fin de castigo, así como a la dignidad de la persona garantizada en el artículo 10 de nuestra Carta Magna”, subraya el portavoz.

También Montiel se ha referido a que “el concepto de justicia, entendida como venganza o expresión de los sentimientos de odio y repulsa de la sociedad, no es un concepto aceptable en un Estado social y democrático de derecho”.

Por otra parte el joven dirigente de IU-Verdes se ha referido a que los funcionarios de prisiones, un colectivo diezmado por los recortes, denuncian que “el planteamiento que hacen de revisión de condena es tan lejano en el tiempo que dejas al preso sin salida y a los funcionarios sin ningún instrumento para regular su conducta”.

“España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, donde la tasa media de asesinatos u homicidios es del 0,69 por cada 100.000 habitantes, frente a la europea que se sitúa en 0,92. En cambio, el número de reclusos por 100.000 habitantes en España es muy superior al de los países de nuestro entorno: 147 presos por cada 100.000 habitantes frente a los 98 de Francia o 79 de Alemania. Ello evidencia que, a diferencia de los países de nuestro entorno que dedican sus recursos a reinsertar a los presos, en el caso del gobierno de España se vulnera este mandato constitucional y el único objetivo es el punitivo, lo que hace necesario cambiar de paradigma”.

Finalmente, Juanjo Montiel ha declarado que “El objetivo del PP cuando introdujo la prisión permanente revisable no se fundamentó, de acuerdo con el análisis de las cifras, en un criterio jurídico de mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia sino en un criterio electoral basado en ciertos casos muy mediáticos que pusieron de manifiesto que proyectar una imagen de mano dura da réditos electorales. Es uno de los ejemplos más claros de ‘populismo punitivo’, por el que el Código Penal dejó de ser un instrumento de política criminal para convertirse en otro de agitación y propaganda“.

 

 

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