Se han producido recientemente dos acontecimientos que son noticia. Por un lado, el gobierno está negociando con el partido nacionalista vasco el acercamiento de los presos a esa comunidad Autónoma, y por otro, la manifestación realizada por el entorno etarra, y apoyada por partidos y colectivos de izquierda para que se libere a los presos «retenidos» en las cárceles españolas.
Sobre el primer punto, es triste comprobar cómo se sigue usando este asunto tan sensible para los españoles como moneda de cambio para asegurar el poder al no tener el gobierno del PP mayoría parlamentaria. Hemos asistido durante años a todo tipo de concesiones a los partidos nacionalistas para conseguir consolidar los respectivos gobiernos, en vez de buscar el apoyo de partidos que no buscan dividir la sociedad en la que convivimos. Todos han sido partícipes, desde Felipe González, pasando por José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y ahora Mariano Rajoy.
La otra noticia es menos sorprendente al suceder desgraciadamente a menudo, los grupos de apoyo a ETA se manifiestan para que se libere a los presos. Gratis. Sin concesiones. Hablan de derechos humanos, no obstante, en España no se vulnera ninguno, por suerte para los que disfrutamos de las libertades que ofrece nuestro sistema de convivencia. Muy al contrario, se disfruta de una política de reinserción para que todos los condenados por cualquier delito tengan una segunda oportunidad, oportunidad que las víctimas no van a disfrutar. Pero para ello es exigible arrepentimiento y colaboración con la justicia. ¿Cómo se va a reinsertar una persona que no se arrepiente de sus asesinatos y declara orgulloso que volvería a hacerlo? Las penas son las que marca la ley y cuando lleguen a su fin serán puestos en libertad; la pregunta es si deben beneficiarse de las ventajas que ofrece el sistema para reducir las penas aplicadas, si no cumplen los requisitos mínimos exigibles.
Esos presos no están retenidos, están cumpliendo penas por los crímenes realizados. Crímenes en muchos casos que consistieron en arrebatar la posesión más valiosa que tiene una persona, que no es otra que su propia vida. Nadie tiene derecho a quitar la vida a una persona, y menos de una forma cobarde y desalmada, con un tiro por la espalda o con una bomba accionada a distancia, para exigir a cambio beneficios políticos. Un estado de derecho no puede ceder al chantaje tras tantos años de lucha y sacrificios.
Volviendo a las concesiones a los nacionalismos, durante el último año de gobierno del PSOE, fue pública y notoria la negociación con la banda terrorista, materializadas en diversas concesiones en los últimos años, incluida la derogación de la doctrina Parot. ¿Que se acordó en dichas negociaciones? ¿Por qué no se hacen públicas? ¿Por qué tratan a la ciudadanía como a menores de edad? Quizá por el miedo a que pase como ha sucedido en Colombia, donde el gobierno ha perdido el referéndum que organizó para eximir a los terroristas de las FARC de ser juzgados por sus crímenes. Tal vez la sociedad española rechazaría la rendición del estado ante una banda que ha atentado contra la población civil de forma indiscriminada después de tantos años de sufrimiento, esfuerzos y paciencia. Ni un solo caso de venganza, nadie se ha tomado la justicia por su mano, dado que al vivir en un estado de derecho siempre hemos confiado en ella.
No es precisamente un referente para mi Eduardo Galeano pero quiero concluir con unas palabras suyas que se ajustan perfectamente a esta situación: «La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo». Con las concesiones realizadas no se está consiguiendo resolver el problema, al contrario, por lo que la herida en la sociedad vasca continuará abierta, dejando un problema latente a las futuras generaciones. Y está alentando los deseos de los nacionalistas catalanes tras comprobar que la presión a los diferentes gobiernos aporta cuantiosos beneficios. España necesita pasar página, sí, pero sin Justicia no será posible.
La doctrina Parot no la derogó el PSOE sino que fue el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. A ver si vamos dejando de mentir y cumpliendo con la carta Magna sobre Derechos Humanos. Porque decir que «en España no se vulnera ninguno» es mentir según esta sentencia