La defensa de la sociedad, por Diego J. García Molina

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La sociedad se debe proteger

Hace varios días hemos tenido noticia en este mismo medio de un nuevo incendio provocado; un doloroso atentado medioambiental, como acertadamente se ha definido en el texto, otro más, que se añade a la larga lista de fuegos intencionados que hemos sufrido en la zona en los últimos años. Desgraciadamente están descontrolados uno, o varios pirómanos, o tal vez incendiarios, lastimando nuestros bosques y parajes protegidos de forma indiscriminada; es grande la impotencia que se siente porque puede ser cualquiera y es muy complicado poder localizarlo a no ser que se le coja in fraganti. Es una pena cuando después de tantos siglos de talas indiscriminadas, ahora que por fin empieza a aumentar de modo ostensible la masa forestal nos encontremos con estos problemas.

Este tipo de delincuentes padecen trastornos conductuales, son maniacos que suelen planificar con cuidado sus actuaciones; en ocasiones ha aprovechado el crepúsculo, al ser el peor momento para los servicios de extinción de incendios, y en parajes inaccesibles para un vehículo. Al adolecer de una enfermedad tratable, aunque quizá incurable, la probabilidad de reincidencia es muy alta, quedando la sociedad y su entorno a merced de sus impulsos, por lo que el estado debe buscar mecanismos de defensa contra estas amenazas. Algo parecido a lo que sucede con los violadores o agresores sexuales. Por cierto, esta última denominación adoptada en la legislación actual se produjo tras el cambio propuesto por el partido socialista en 1994 cuando estaba en el gobierno, ironías de la vida, los mismos que ahora claman, supongo que contra ellos mismos, «no es agresión, es violación».

Un caso sangrante de este estilo lo tenemos con el violador del ascensor. Un violador y asesino en serie liberado de forma miserable por el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy sin ninguna justificación legal que no fuera meterlo en el mismo saco, junto a otros violadores y asesinos, que a los etarras liberados tras la derogación de la doctrina Parot. Este depredador sexual secuestró y violó a punta de pistola a 2 mujeres tras su puesta en libertad y lo intentó con otras 2; ya había sido condenado en su momento a 273 años de cárcel por el asesinato de Leticia Lebrato, de 17 años, en Valladolid, y de Marta Obregón, de 19, en Burgos, además de por 18 violaciones. Es decir, tras ser condenado a más de 200 años se vio de nuevo en la calle con grandes posibilidades de volver a atacar a mujeres. Como él, otros delincuentes liberados al mismo tiempo también volvieron a reincidir causando dolor innecesario a muchas familias, como el violador del estilete, agresor de 54 mujeres. ¿Tiene derecho la sociedad a protegerse de estas personas?

El violador del ascensor en su juicio reconoció que era culpable. “Le hablo con el corazón en la mano, sabiendo que me voy a morir en la cárcel. Estoy arrepentido de todo lo que he hecho, e incluso de haber nacido” dijo. “Que me entiendan a mí también porque yo me considero una víctima de mí mismo. Tengo un impulso que no puedo controlar”, indicó antes de empezar a relatar el problema psicológico que tiene. Reconoció ante el tribunal que desde los 19 años tiene un impulso sexual irrefrenable, que le ha llevado a tener un “desastre” de vida. Una pena, sin duda. No obstante, la sociedad tiene el derecho, y la obligación, de defender y proteger a sus miembros más vulnerables. A todos realmente.

Actualmente, la mayoría de países avanzados han abandonado métodos más expeditivos y han apostado por la privación de libertad con el objetivo último de la reinserción. Aunque está claro que la cárcel también busca ser ejemplarizante y protege a las personas de los delincuentes mientras se encuentran encerrados. El sistema permite la concesión de beneficios penitenciarios que permiten el acceso a la libertad acortando las penas, o salidas temporales, no obstante, debería existir alguna muestra de arrepentimiento ante el daño causado y garantía de no repetir los delitos cometidos, aunque sea una quimera. En los casos anteriores, ¿qué interés hay en aplicar reducciones de penas a personas que no pueden o no quieren controlar sus impulsos de dañar el conjunto de la sociedad? Tenemos en mente el caso de Junqueras y el resto de líderes secesionistas quienes anuncian abiertamente que continuarán con los propósitos que les hicieron entrar en prisión. Se habían comprometido a servir y trabajar por la mejor administración de Cataluña y a cambio han provocado una fractura grave en la sociedad de esta región, con enfrentamientos y desórdenes que poco a poco van aumentando de intensidad. A pesar de la condena que le ha aplicado el tribunal supremo todavía se jactan de su delito y pretenden reincidir anunciándolo públicamente. ¿Qué debería hacer el estado en estos casos?

Es complicado discernir que deparará el futuro y hasta donde alcanza la maldad y la estupidez de las personas. Sería interesante comprobar el lugar en que se situaría en la sociedad de hoy una persona como Adolf Hitler, siendo como era socialista, vegetariano y amante de los animales, a pesar de despreciar la democracia y considerar a la aria como una raza superior (cuantas similitudes con el caso actual). Una persona aparentemente inofensiva y con los mejores propósitos puede convertirse en el peor enemigo para la convivencia entre iguales. Estoy convencido de que la sociedad debe defenderse de las amenazas actuales y futuras y no beneficiar a quien reta y desafía abiertamente su funcionamiento; en caso contrario, el peligro de su desmoronamiento será real. Ya lo escribió Maquiavelo hace unos 500 años, «no debemos dejar nacer un desorden para evitar una guerra, pues acabamos no evitándola, y sólo la diferimos, lo que redunda a la postre en perjuicio nuestro».

 

 

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