Para la formación morada, «es un imperativo constitucional y moral: una sociedad que convierte en mercancía financiera a sus mayores no es una sociedad decente»
Crónicas de Siyâsa/Podemos
Podemos Cieza muestra su satisfacción de que en el pleno de este mes de octubre, los concejales de PODEMOS, junto a IU, PSOE y CCCi presenten a pleno una moción para defender y blindar las pensiones por la constitución Española.
«Las pensiones de los jubilados -sostienen desde la formación política- constituyen en España la principal fuente de ingresos de más de nueve millones de pensionistas y de sus familias. Además, durante la crisis, han contribuido, y lo sigue haciendo, a paliar la penosa situación económica de miles de hogares a los que el desempleo dejó apenas sin ingresos procedentes del trabajo; una situación que solo han podido sobrellevar, en muchos casos, gracias a la inyección de liquidez que suponían las pensiones públicas de los mayores allegados».
Sin embargo, «desde el año 2009 las pensiones públicas han visto disminuir, sin tregua, su poder adquisitivo, en un proceso que culminó con la reforma integral del sistema de revalorización, que no lo garantiza para el futuro. Frente al bombardeo constante con mensajes referentes a la insuficiencia del sistema o a la imposibilidad de mantenerlo para el futuro, desde Podemos insistimos en recordar algunas cosas a la ciudadanía», matizan.
«En primer lugar, en España, a pesar de las sucesivas ampliaciones a lo largo de los años, el gasto social nunca ha alcanzado la media europea y el fraude a la Seguridad Social es muy abultado, por lo que hay recorrido para aumentar el porcentaje del PIB destinado a pensiones. En segundo lugar, el modelo de separación de ‘cajas’ ha sido un golpe tremendo al sistema público de pensiones, pues fía su viabilidad a las cotizaciones y la hace depender del mercado de trabajo y del empleo y, lo que es peor, lo deja indefenso frente al abuso de las bonificaciones y reducciones de cuotas sociales como instrumento de política económica que han practicado los partidos en el Gobierno. Y, por último, hay que recordar que las profecías catastróficas sobre la ‘insostenibilidad’ de las pensiones son recurrentes – ya lo vimos en la primera década de los años 90, también en contexto de crisis – y responden, en general, a la avidez del sector financiero por convertir la jubilación de las personas en un negocio bancario».
En este sentido, Unidos Podemos «ya presentó en el congreso de los diputados una proposición de ley para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, que incluye una subida de sus cuantías, especialmente de las más bajas, y fija como edad ordinaria para la jubilación los 65 años, aunque permitiéndola a partir de los 61 años, con carácter voluntario, para los trabajadores que alcancen 35 ejercicios cotizados. La reforma contempla, además, que la financiación de la Seguridad Social se cargue a los Presupuestos Generales cuando las cotizaciones sociales no alcancen y rechaza las modalidades de tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, e incorpora medidas de lucha contra el fraude. La propuesta incluye también la revalorización automática con el IPC y un nuevo cálculo de la base reguladora que tendría en cuenta los mejores meses de cotización en toda la vida laboral sin necesidad de que sean consecutivos».
La iniciativa legislativa, que ha contado con el asesoramiento técnico de investigadores, profesores, y expertos de primer nivel, iniciará su recorrido parlamentario en breve. Podemos Cieza quiere mostrar, a través de este comunicado de prensa, y de su moción presentada, «su apoyo absoluto a esta propuesta, recordando que el artículo 53 de la Constitución establece que ‘los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad’. La tramitación en el Parlamento de la propuesta de Podemos obligará a los demás partidos a tomar posición, a exponer ante la ciudadanía por qué modelo de pensiones se apuesta, uno de privatización, de abandono progresivo de la obligación pública con nuestros mayores, o uno que asegure su garantía con vistas al futuro».
Finalmente, «se trata de cumplir la Constitución, sí, pero también un imperativo moral y de solidaridad intergeneracional: una sociedad que no vuelve la mirada agradecida hacia sus mayores, que no les reconoce su aportación y sacrificio, o que les convierte en mercancía financiera… no es una sociedad decente».
