Vergara Parra valora la Constitución Española

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Constitución del 78

Para cuando lean este artículo, si es que tienen la gentileza de hacerlo, nuestra Ley de Leyes habrá cumplido cuarenta años. Ríos de tinta se han vertido para contar lo evidente, lo que todos sabemos y yo mismo he recordado en más de una ocasión.

Bien está que celebremos esta efemérides pues poderosas razones hay para ello. Tampoco estaría de más que reflexionásemos sobre qué ha funcionado y merece ser preservado y qué reformas conviene abordar con celeridad. Hace escasos días, el mismísimo Jefe del Estado nos recordó una obviedad: que la Constitución puede ser modificada.

Toda ley, singularmente toda constitución, nace con vocación de permanencia pero no es inmutable. Tampoco se trata, como sostienen algunos indoctos opinadores, que las leyes tengan que modificarse al albur de cada generación. Las leyes son plena y radicalmente legítimas mientras estén vigentes. Así de sencillo.

Pero, siendo esto cierto, tampoco podemos considerar nuestra Constitución como una especie de códice cuasisagrado, exento de eventuales reformas. Nuestra Carta Magna ha sido un instrumento útil y muy valioso para una España que transitaba desde una dictadura de cuatro décadas a una democracia. Pero los retos a los que nos enfrentamos aconsejan una SEGUNDA ETAPA CONSTITUYENTE. No me iré por las ramas. Bajo mi punto de vista, estos son, entre otros, los asuntos capitales que habría que abordar.

¿Monarquía parlamentaria o república? El pueblo debe ser oído y el pueblo debe elegir.

Con el paso de los años, la organización territorial del Estado diseñada por los padres constituyentes se ha revelado injusta, ineficiente, económicamente inviable y contraria a los intereses generales de la nación. El Estado debe recuperar competencias troncales como la educación, la justicia y la sanidad, de cuya eficaz y equitativa gestión depende, en gran medida, la igualdad efectiva entre españoles y la propia supervivencia del Estado.  En  otro orden de cosas, la distinción entre comunidades históricas y otras que supuestamente no lo eran, como coartada para conferir mayores prerrogativas, supuso una afrenta inadmisible y un insulto a la propia Historia que precisan de una pronta reparación.

Urge la modificación de la actual ley electoral. Un español, un voto. La primacía de la provincia, como circunscripción electoral, debe ceder el protagonismo al individuo. ¿Por qué no una segunda vuelta?  España no puede seguir cautiva, ni un segundo más, de los nacionalismos periféricos. La sede de la soberanía nacional debe ser un lugar franco de enemigos de la nación española. ¿Se entiende esto? No podemos pagarle el sueldo a quienes usan su tiempo y energías en socavar los cimientos de la nación. Cualquier partido político cuyo ideario constituya una afrenta a los principios democráticos sobre los que se fundamente nuestra convivencia, o atenten a la unidad y esencia de la nación española debe ser proscrito, sin ambages, por el propio texto constitucional. Una cosa es la libertad de expresión y otra, bien distinta, el masoquismo político. Lo primero es propio de demócratas; lo segundo, de imbéciles.

El Estado debe someterse a un régimen de adelgazamiento sin precedentes. Un Estado fuerte, suficiente y eficiente. Si las empresas y autónomos han hecho los deberes, si cientos de miles de españoles han resultado damnificados por la exigencias del mercado, el Estado, con más razón, debe hacer otro tanto. No es admisible que el pueblo sostenga estructuras político-administrativas inútiles y, por ende, prescindibles, que solo sirven para bienalimentar a una casta parasitaria. El Tribunal Constitucional debería convertirse en una sala especial del Supremo; el Senado y el Consejo de Estado deberían desaparecer mañana mismo y apenas lo notaríamos. La práctica totalidad de empresas públicas, observatorios y demás engendros deberían irse al carajo.  Si de mí dependiera, el estado de las autonomías tendría los días contados.  Puede que falten maestros o médicos pero sobran miles de puestos administrativos y políticos que, lejos de añadir valor, suponen una pesada carga.

¿Queremos, en verdad, liberar la Justicia del yugo político? ¿Queremos una democracia participativa o meramente representativa? ¿Una España federal? Variadas y de calado son las cuestiones a dilucidar. 

Muchos políticos no andan interesados en lo que es mejor para España sino en lo que es ventajoso para ellos. No ha de extrañarles, por tanto, que se enroquen una y otra vez, que reiteren hasta la saciedad las típicas y tópicas arengas con la única finalidad de preservar un status quo que les es propicio.

Una nueva constitución no puede consistir en un texto amañado por quienes solo buscan su propio interés. Con carácter previo, el Pueblo Español, en quien reside la soberanía nacional y el que, a la postre, paga todas las facturas, debe ser consultado sobre los asuntos principalísimos antes reseñados. Después, cuando el sentir del Pueblo sea nítidamente explicitado, será el momento de los nuevos padres constituyentes. Habrán de elaborar una nueva Constitución que sea fiel reflejo de la voluntad popular. Finalmente, ese nuevo texto constitucional deberá ser sometido al escrutinio del Pueblo, quien tendrá que verificar si se adapta o no a lo previamente mandatado.

Tras cuarenta años de dictadura, la Constitución del 78 supuso, quizá, la única manera de apuntalar una incipiente y anhelada democracia. Todos hicieron concesiones porque la excepcionalidad del momento así lo aconsejaba.

La democracia, para que sea real, debe fluir de abajo a arriba y no a la inversa. Desde el origen de los tiempos ha habido una minoría presuntamente ilustrada que jamás, nunca, ha creído en su Pueblo salvo para usarlo en su propio beneficio. Con mayor o menor intensidad, el despotismo ilustrado siempre ha estado entre nosotros aunque no siempre lo hemos percibido con nitidez. La democracia exige verdad, valentía, pedagogía, sinceridad y ejemplo; también firmeza. Reconozcámoslo; hay quienes ven una urna y les sale urticaria. También quienes toman las calles cuando el escrutinio les es desfavorable. Yo, como demócrata convencido, considero todo sufragio libre, igual, directo y secreto como una maravillosa fiesta de la democracia.

El desagradable timbreteo del móvil me rescató de este sueño. Me serví un humeante café, tomé una reparadora ducha e inicié un nuevo día con la esperanza, débil aunque combativa, de un mañana mejor.

 

 

 

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